MIAMI.- Al cumplirse tres meses de que las autoridades de North Miami Beach ordenaran la evacuación de las 156 unidades del condominio Crestview Towers, debido a un informe que aseguraba que las estructuras y el sistema eléctrico eran inestables, los vecinos siguen fuera, a pesar de la existencia de dos informes posteriores que sostienen que el edificio es seguro.

DIARIO LAS AMERICAS se acercó a las familias desalojadas para conocer de primera mano qué ha pasado con sus vidas. La incertidumbre es el común denominador para definir el estado anímico de los propietarios, quienes, a estas alturas, desconocen qué debe suceder para poder retornar a sus hogares.

Consuelo Salgado, una propietaria que se acercó con su nieta al condominio explicó que viene regularmente para ver si están trabajando. “Para ver si obtengo alguna información”, señaló.

Ningún desplazado puede entrar porque desde el 9 de septiembre, por seguridad, “no se permite el acceso a los propietarios para asegurar que los proyectos sean completados en tiempo y organizadamente”, advierte un cartel pegado en la verja.

Según Salgado, su vida desde el desalojo se ha convertido en un caos. “Vamos de un sitio a otro y acá no terminan de arreglar las cosas. No sabemos qué es lo que pasa realmente. Estamos en la calle al amparo de familiares”, lamentó.

Por su parte, Ligia Elena, una propietaria cuyo hijo es autista, rehusó irse al refugio que provee la autoridad condal de Miami-Dade porque “el niño lo toca todo y no puede convivir con muchas personas”. Por ello prefirió viajar a Carolina del Norte a casa de un hermano, “pensando que el arreglo sería cuestión de una o dos semanas”. Pasado este tiempo regresó y ha tenido dificultades para acomodarse. “Estoy en un hotel en Doral, lejos de donde mi hijo recibe la terapia. Tampoco la psicóloga que lo visitaba todos los jueves puede desplazarse hasta allá. Mi hijo ha salido de su rutina y de su espacio de confort”, lamentó.

También señaló que después de recibir la ayuda financiera para el alquiler, por parte de [la organización sin ánimos de lucros] Camillus Houses, ya no le salen más al teléfono y ella es quien está pagando la estancia en el hotel con dinero prestado por amigos.

“En la última actualización en el chat nos comunicaron que tendremos una reunión vía Zoom con el nuevo abogado. Sería el primer encuentro con un letrado del condominio desde que fuimos desalojados”, apuntó Ligia Elena.

Escasa información

Realmente la primera reunión de los vecinos la convocaron María Echevarría y Germán Cardona, ambos propietarios sin cargo en la junta de la asociación.

“Yo hice la primera reunión. Me di a la tarea de juntar a todos los propietarios, creé un chat para comunicarnos y saber qué hacer. Cardona consiguió el lugar donde nos encontramos. Cardona y yo nos hemos convertido en los cabecillas de los dueños”, sostuvo Echavarría que está viviendo en una casa móvil tipo RV junto a su esposo, mientras que sus hijos duermen en colchones inflados.

“Cuando vimos que llevábamos un mes fuera del edificio y no habíamos recibido ni un email, ni una nota de la Asociación, nos comenzamos a unir”, recordó Cardona.

“Tras convocar aquella reunión, la junta apareció en el chat. Solo ponen algunas notas. Nunca hemos tenido ninguna reunión formal con ellos. La información la botan poquito a poquito, administrándola lo más lenta posible”, explicó Cardona.

Tres informes

Según coinciden Cardona y Echevarría, el edificio fue evacuado debido a un informe firmado por el ingeniero Roberto Barreiro de la oficina Professional Engineer, donde se certifica que el condominio es inseguro.

“Ese informe está en manos de la asociación desde el 1 de enero de 2021, sin embargo nunca comunicaron a los propietarios de su existencia”, afirmó Cardona.

“Cuando se cayó el edificio de Surfside [el 24 de junio], las ciudades comienzan a poner presión a los edificios. Presionan al nuestro con lo de la certificación de los 40 años. Y es cuando envían a la Ciudad este primer reporte”, recordó Cardona.

“El reporte de Barreiro llegó al Ayuntamiento el 2 de julio por la mañana y ese mismo día por la noche estábamos fuera del edificio”, dijo Echevarría quien, no obstante, reconoce que el Gobierno municipal no tiene culpa. “Nosotros mismos nos hemos clausurado. Todavía desconocemos quién presentó ese documento a la Ciudad”, sostuvo.

Para entender la preocupación de los propietarios es clave conocer que la Asociación encargó dos estudios posteriores sobre las estructuras del condominio. Ambos estudios se realizaron después del desplome de la torre de Surfside. Lo que llama la atención es que estos estudios posteriores, sostienen que el edificio es seguro y que se pueden hacer los arreglos necesarios con las personas viviendo dentro del inmueble.

Uno de estos reportes, entregado el pasado 5 de julio por el ingeniero Fernando Azcue, de ASD Consulting Engineers, concluyó: “Después de una evaluación de las diferentes estructuras del edificio, los daños estructurales no afectan a la integridad de las estructuras del edificio. Por ello, certificamos que el edificio es estructuralmente seguro para la ocupación durante la realización de los trabajos de reparación del concreto”.

Según los propietarios, para la certificación de los 40 años, hacían falta un fondo de $530.000 con el cual se repararía el sistema eléctrico, las alarmas de incendio, se adquiriría una bomba de agua y se instalarían luces de emergencia en el condominio. «Ese dinero se termina de completar el próximo mes de noviembre, tras pagar durante un año una derrama” o cuota adicional, afirmó Echevarría. Al respecto, Salgado reconoció que, además de la cuota habitual de la asociación, ha estado pagando durante un año $357 mensuales para hacer los arreglos de la certificación de los 40 años.

Tres meses después del desalojo, los propietarios desconocen si la Asociación ha presentado un proyecto de obras en la Ciudad y si han recibido los permisos para hacer las reparaciones necesarias en el edificio. «Ayer nos enviaron en un correo las obras que se van a acometer, son las mismas por las que estamos pagando hace un año. No se explica, si al concluir las mismas, podremos regresar o no».

Inversores compran unidades

Otra de las inquietudes de los dueños es que hay inversores interesados en el condominio. “Muchos vecinos, por miedo a quedarse sin nada, han vendido los apartamentos a precio de ganga. Les han pagado $100.000 o $90.000 por un apartamento una o dos habitaciones. ¿Qué podemos hacer con tan poco dinero?”, se preguntó Echevarría, quien ha invertido el fruto del trabajo de su vida para comprar su casa.

“Llama la atención que, mientras el supuesto arreglo demora, los inversores compran viviendas en el condominio evacuado”, observó Cardona y se preguntó: “¿Quién llevó el primer informe al ayuntamiento, por qué ese primer informe dice lo que dice y por qué no se tiene en cuenta los dos informes posteriores que alegan seguridad?

Muchas interrogantes quedan en el aire, mientras estos propietarios y sus familias sobreviven desplazados de sus casas en condiciones muy difíciles. DIARIO LAS AMERICAS trató de contactar al Departamento de Edificaciones de North Miami Beach y a los miembros de la Asociación de vecinos, pero hasta el momento de publicar esta nota no recibimos respuesta.